SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  El empresario santafesino maderero Alberto Dolinsky (72), fue condenado a fin del 2020 a 15 años de prisión por el abuso sexual a una niña de 11 años.

No cumple prisión (¿?), habita lujosamente a pocos metros de la peatonal capitalina y a través de su abogado pidió un cambio en la medida de control de la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado.

Solicitó que le quiten la tobillera electrónica, lo que fue rechazado por el juez Octavio Silva.

El pedido pretendió sustentarse en dolencias físicas que sufriría el condenado al usar la tobillera; en la presentación se adujo que le provocaban "hinchazón y molestias" (¿?) en sus piernas.

Acompañaron el planteo con un certificado médico con fecha 1°-9-2021, que no poseía ni siquiera el estampillado correspondiente...

Llamativamente, el pedido no tuvo oposición de la abogada querellante Luciana Martínez; sin embargo, sí lo rechazó el fiscal Matías Broggi. Este consideró que las enfermedades alegadas por la defensa habían sido acreditadas previo a la decisión de la Cámara de Apelaciones de imponer al empresario la utilización de la tobillera.

El certificado presentado igualmente aludía a que las enfermedades (que sufriría el condenado) eran de carácter "leve". Agregando el magistrado que igualmente dicha dolencia debe ser certificada por un médico forense.

Y que, que si le producía ‘problemas físicos’ en una pierna, bien podía colocarse en la otra: "Por otra parte, así sea que tiene esa patología, el dispositivo de vigilancia electrónico puede ser instalado en otro miembro del imputado. Estas circunstancias deben ser determinadas por el médico forense de estos tribunales", señaló Silva.

Fue allí que el abogado defensor de Dolinsky informó al magistrado que su cliente “no podía ser trasladado a la oficina" del profesional médico (¿?).

Este hecho llamó poderosamente la atención en el juzgado pues el 13 de noviembre, Dolinsky “se trasladó más de 180 km... desde Santa Fe hasta San Jerónimo Sur”. Y ahora se aduce que no puede “ser trasladado a pocas cuadras desde su lugar de alojamiento actual".

Ante ello el juez dispuso –en la audiciencia del 30 de diciembre- “rechazar el pedido formulado por la defensa y continuar con el mecanismo de vigilancia electrónica que le fuera impuesta a Dolinsky".